«Hay que implicar más a instituciones, partidos y medios contra la dispersión»

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 Joseba Azkarraga ha pasado en menos de seis años de llevar la escolta propia de un miembro del Gobierno de Lakua, a saber que sus pasos son vigilados por implicarse en la lucha por los derechos de los presos y sus familiares.
¿Saben algo del dinero que se llevó la Guardia Civil?
 Nada. Seguirá en manos de la Guardia Civil, salvo que le hayan dado otro uso indebido a un dinero que no era para ellos. Estamos ante un clamoroso robo o saqueo. Hemos exigido al juzgado que se nos devuelva a Sare el dinero requisado, pero alternativamente les hemos dado la fórmula de que sea el propio juzgado quien con ese dinero pague las facturas que generó la manifestación. No hemos tenido respuesta.
¿Qué sintieron al ver las imágenes de los guardias encapuchados contando las monedas?
Me recordaron las imágenes del año 78 en Orereta con dos policías arramblando con todo lo de un escaparate roto. Pensé que casi cuarenta años después estamos ante una situación similar de saqueo puro y duro. Ver a los guardias civiles salir con las bolsas con el logotipo de Sare de la sede de un sindicato legal nos retrotrae a situaciones de las que creíamos que era posible salir y a las que la sociedad vasca no quiere volver. Pero desgraciadamente este Gobierno, con una parte de la judicatura y con las FSE, está buscando la confrontación constante.
¿Cuál creen que era el objetivo de esa requisa?
La criminalización de la solidaridad. Sabían que tenían muy difícil prohibir la movilización y han pretendido trasladarnos una especie de aviso de «vamos a por vosotros. Esa solidaridad contra la dispersión y hacia los familiares de los presos no nos gusta». Primero intentan cortarnos el cauce económico que permite hacer movilizaciones como esta, pero seguirán.
¿Temen una actuación penal contra Sare?
Hay un intento claro de criminalizar a quienes trabajamos en el campo de la solidaridad. Eso tendrá continuidad y a ello nos tendremos que enfrentar democráticamente como sociedad civil. A lo del 12 de enero hubo una reacción el 17 en Donostia, pero es que no podemos dejar pasar estas actuaciones. Hay que ir más allá. Esto no solo va contra Sare y sectores determinados. Esto va contra la propia sociedad civil y debe haber un posicionamiento claro de partidos y sindicatos.
¿Hay algo de queja en eso?
Queja no. Ha habido una parte de partidos y sindicatos que han mostrado claramente una solidaridad. Ha habido también una crítica del Gobierno vasco. Pero, posiblemente, unos y otros debemos estar preparados ante situaciones que se pueden repetir. No podemos estar cada uno por nuestro lado para dar una respuesta contundente a este tipo de hechos.
Otra fórmula de solidaridad ha sido la vuelta a la recaudación…
Y va muy positivamente. No solo en Euskal Herria, donde miles de personas han pasado por las oficinas de Caja Laboral ha hacer su pequeña aportación que demuestra una enorme solidaridad. La ha habido también desde Catalunya, con la iniciativa de las CUP, y desde Andalucía, desde Castilla, pero seguimos necesitando dinero. Lo que ha sucedido no nos gusta y lo denunciamos, nos ha hecho mucho daño, pero esa solidaridad que estamos recibiendo está también haciendo mucho daño al Estado por su actitud antidemocrática.
¿Y cómo valoran la operación policial en general? Hay tres personas más en la cárcel, hubo doce abogados detenidos…
El Gobierno del PP está cómodo con este tipo de actuaciones. Desde el punto de vista electoral, dan por perdida a la CAV y también a Nafarroa, y están mirando a los votos fuera de nuestro país. Eso supone que para ganar los aplausos allí, necesitan mantener un cierto grado de represión. Hay un componente electoral. Y no me parece casualidad que esto se produjera después del éxito de la manifestación, ni un día antes de la decisión del TS sobre el cómputo de penas, ni a unas semanas de la movilización de la AVT. Y el PP hace frente a eso, desgraciadamente, de la forma que sabe, vulnerando sus propias leyes y violando el sistema libertades.
Usted fue consejero de Justicia. ¿Cómo ve la justicia en el Estado español?
No quiero generalizar, porque como en todos los sectores hay profesionales en el ámbito judicial que actúan de forma correcta y ajustada a la ley, pero hay otros que están siendo muy sumisos a la directrices del Gobierno y lo hacen encantados. La decisión del TS sobre las penas cumplidas en cárceles francesas es un claro ejemplo de ello. Si de quince magistrados hubiera habido catorce a favor de no computar las penas, te dejan menos margen para discutir la legalidad de la decisión, pero si el reparto es de nueve a seis, lo lógico era que se hubiera consultado a Luxemburgo cuál era la interpretación a hacer. Ha habido nueve jueces muy sumisos. Pero este tema no acaba aquí, es una continuidad de lo ocurrido con la `doctrina Parot’, lo que pasa es que para cuando los órganos europeos dan un rapapolvo al Gobierno español, presos y presas habrán pasado años por encima de sus condenas.
La manifestación del día 10 fue un éxito, pero desde algunos sectores se la presenta ya como una tradición…
A nosotros, y creo que a la inmensa mayoría de la sociedad, nos gustaría que dejara de ser una tradición y no tener que hacer ninguna otra movilización porque eso supondría que el problema se ha terminado. Pero año tras año, desgraciadamente, hay que hacerlo y año tras año la movilización es enorme, esta vez se ha calculado en 80.000 personas. Es una cifra importantísima. ¿A ver quién moviliza tanta gente en este país por cualquier reivindicación?
Se dice que este es un tema que no interesa, pero es el que más ciudadanía moviliza…
En esa movilización había mucha gente de todos los ámbitos.
Pero se suele presentar por algunos como una movilización de la izquierda abertzale…
Ya saben ellos que no es cierto. Había mucha gente de la izquierda abertzale, pero también quienes no lo eran. Entre las propias 101 adhesiones que buscamos había muchísimas personas, yo diría que la mayoría, que no estaban dentro del ámbito ideológico de la izquierda abertzale. Con muchos de ellos hablé yo para pedirles la adhesión y me dijeron «sí, por supuesto, porque este es un tema de derechos humanos». Estamos ante un tema que no es de debate ideológico, sino de vulneración de derechos humanos, y si permitimos que sigan, mañana van a ser conculcados otros. Hay que implicar a sectores mayores de la sociedad.
Las manifestaciones son un éxito, pero la dispersión y conculcación de derechos continúa. ¿No es frustrante?
Lo es, pero ahí hay dos patas que se tienen que implicar más. Una es la de las instituciones y los partidos. Tienen que implicarse. No digo que en el caso vasco no lo estén haciendo, pero se necesita una mayor implicación. Y la otra pata es la de los medios de comunicación que, con excepciones, están constantemente mirando a otro lado. Consideran que la dispersión es fruto del daño que ha podido causar ETA en este país. Pues no es cierto. La dispersión es una venganza. Por lo hecho por ETA hay mucha gente que está cumpliendo condena, pero lo que no se puede hacer es aplicar una segunda condena a su familia y obligarles a recorrer cientos de kilómetros para visitas de pocos minutos. En ese tema tenemos que implicar a la sociedad y, por eso, ese llamamiento a las instituciones y a los medios de comunicación.
 
Hay una corriente de opinión que denuncia el inmovilismo del Gobierno, pero habla también del inmovilismo de los presos. ¿Qué opina de eso?
En este proceso, la decisión importante, la que hay que valorar, es la de ETA de hace más de tres años de abandonar la utilización de la violencia. Y es una decisión unilateral y es, repito, la que vale. Entretanto, el Gobierno no quiere ni verificar el desarme y además hace pasar por la Audiencia Nacional a la comisión de verificación. Después, el colectivo de presos, hace más de un año, manifiesta su decisión de hacer uso de la legislación penitenciaria. Por tanto, hay una parte que da pasos constantes y la otra parte no es que no avance, sino que da pasos hacia atrás y, constantemente, está retorciendo sus propias leyes para aplicar mayor venganza a quienes verdaderamente se han movido.
Y detiene a los abogados…
Salvo algún país africano, España es de los pocos que limita el derecho de defensa. Es gravísimo. Y menos mal que ha habido colegios de abogados y asociaciones estatales que han salido en su defensa y en contra de la decisión del Gobierno. Eso ha sido positivo.
¿Qué pasos va a dar Sare a partir de ahora?
Entre nuestros tres objetivos hay uno que es fundamental que es acabar con la dispersión. Creo que entre los más sangrantes, éste es el que más atañe al colectivo de familiares, que en muchos casos son gente de edad avanzada algunos ya no pueden ir a visitar a sus allegados a cárceles alejadas. Eso tiene que acabarse ya. Veinticinco años así es algo despreciable y rechazable. Por otro lado, está el tema de los presos enfermos, para los que estamos pidiendo que se les aplique el mismo artículo 100.2 que se les ha aplicado a otros para salir de prisión, y todos tenemos los ejemplos en la cabeza. Es gente que tiene que seguir un tratamiento, en muchos casos de una enfermedad terminal, y deben hacerlo fuera de los muros de la prisión. Y en tercer lugar tenemos que trabajar el tema de la excepcionalidad de las leyes. Es ilógico, y más desde que ETA dejó la violencia, que se sigan aplicando las leyes de una forma excepcional a un colectivo determinado.
¿En qué se concretará eso?
Para abril preparamos otra iniciativa potente, que ya anunciaremos. Y ahora lo fundamental es fortalecer la red. Es la sociedad la que tiene que ser motor de cambio y para eso tenemos que tener una red muy fuerte. La tenemos que seguir extendiendo a todos los rincones del país para que sea una red lo suficientemente potente como para que seamos tenidos en cuenta en todas las instancias.
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