Legalidad versus legitimidad

La Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco ha dado un paso significativo esta semana con la presentación de las propuestas de los diferentes grupos.

Hay pocas novedades, ya que cada grupo ha presentado las bases de su posición política, ya conocida anteriormente. En un resumen rápido podría decirse que PNV, PSOE y PP apuestan por la legalidad y EH Bildu por la legitimidad social en el cambio de marco político.

Cuando por primera vez en muchos años, décadas, se escuchan en el Estado voces que demuestran que una reforma constitucional es una posibilidad no tan remota –al margen de la realizada para dar preferencia de pago a la deuda de los bancos sobre el sistema de bienestar-, PNV, PSOE y PP asumen y defienden que la búsqueda de un nuevo marco político e institucional debe hacerse al amparo de la Constitución española.

PSOE y PP ofertan a la ciudadanía de la CAV lo mismo que le propondrían a la de Murcia o Extremadura. Por eso decimos PSOE y no PSE, porque la propuesta de la formación que dirige Idoia Mendia es la Declaración de Granada de los socialistas españoles. El PP, fiel a su inmovilismo en todo lo referente a Euskal Herria, da un paso más y dice que no hacen falta cambios.

PSOE y PP hablan por boca de sus líderes de Madrid y se empeñan en actuar negándose a reconocer que el quid de la cuestión es dar respuesta a un conflicto político.

El PNV por su parte, inmerso en su mar de indefinición, saca a colación el concepto “nación cultural”, una variación de la nación foral, e insiste en la bilateralidad para conseguir un nuevo marco. Incluso invoca el Principio Democrático, que Eusko Alkartasuna trajo a Euskal Herria desde Québec, obviando que esa vía solo es posible cuando hay un interlocutor al otro lado de la mesa dispuesto a negociar y acordar, que, desgraciadamente no es el caso.

La propuesta jeltzale propone un doble consenso, uno en la CAV, “entre vascos”, y un segundo con Madrid. La cuestión es qué pasa si, como siempre que una nación del Estado ha intentado dar un paso adelante en materia de reconocimiento de derechos nacionales, el Estado no acepta. La cuestión es porqué el PNV sigue dando derecho de veto a Madrid.

EH Bildu no invoca a la legalidad, sino a la legitimidad social para definir nuestro futuro. Un futuro que puede empezar a construirse utilizando los recursos que ofrecen el Estatuto de Gernika y el Parlamento vasco, partiendo de la CAV y llegando al conjunto del país, a los siete herrialdes.

El marco legal vigente y la bilateralidad no son una opción cuando 36 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, no se ha cumplido por la negativa de Madrid. El marco legal vigente y la bilateralidad no son una opción cuando todos los intentos de reforma del marco legal –de Euskal Herria o de Catalunya- se han estrellado contra el muro del Estado.

Por eso, la propuesta de EH Bildu es un pacto social, una oferta al conjunto de la sociedad para llegar a un acuerdo y definir el futuro con el conjunto de la sociedad vasca, partiendo del Parlamento Vasco pero incluyendo a agentes sociales y sindicales y sociedad civil.

Es en ese marco de consenso donde EH Bildu pondrá sobre la mesa su Vía Vasca a la independencia como propuesta concreta.

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